Esta es la conclusión fundamental que puede extraerse del reciente informe del Tribunal de Cuentas en donde se dice que la avanzada edad de los integrantes de la Agencia Española de Protección de Datos («AEPD»), su falta de especialización, así como la falta de medios y de inversión hace que la agencia sea incapaz de gestionar y abordar todas sus funciones con garantías, tal y como publicaba hace unos días VozPópuli.
Para el organismo fiscalizador, los trabajadores de la AEPD no cuentan con la formación suficiente para enfrentarse a los casos que les llegan, está completamente desactualizada en cuanto a las metodologías, donde la digitalización brilla por su ausencia, sobre todo en cuestión de anonimización de datos y podría concluirse que no han conseguido adaptarse a los nuevos tiempos. También critica la falta de inversión y su sistema de financiación por no ser eficiente e incurrir en muchos gastos innecesarios.
De todos los problemas, quizá la falta de formación específica en la materia de los funcionarios de la AEPD sea el más preocupantes. Ello les impide afrontar con garantías la importantísima función de máximo garante de la privacidad y protección de datos en nuestro país en una era en la que la digitalización y formación específicas son esenciales. Según el diario digital, del informe se extrae que la AEPD contaba, a fecha 2017, con 157 trabajadores (sólo 6 laborables) y 149 son funcionarios de distintos subgrupos.
Por parte de los órganos de administración y gestión, cuenta con una directora, Mar España Martí; un Consejo Consultivo formado por diez trabajadores que asesoran a la presidenta y se reúnen una vez cada seis meses al menos; una Inspección de Datos; un Registro General de Protección de Datos; una Secretaría General y un Gabinete Jurídico.
Otra de las cuestiones clave es su sistema de financiación basado en las sanciones que impone y que no sólo no llegan para cubrir los costes, sino que dificultan su independencia y objetividad. Una financiación proveniente de los presupuestos generales del Estado sería mucho más apropiada y ajustada a Derecho y permitiría una actuación independiente y estable en el tiempo. Por no hablar de la falta de renovación en plazo de la presidencia que le resta total credibilidad y autoridad.
La sensación de necesidad de renovación, inversión y mejora, son más que evidentes y desde aquí apoyamos y abogados por ello y por una apuesta decidida por la AEPD como referente no sólo nacional sino europeo.
Imagen: EuropaPress