El Consejo de Ministros de la UE ha aprobado esta semana la Directiva de Whistleblower (o Directiva de Protección a los Denunciantes de Corrupción).
Era un paso necesario en el Derecho nacional y europeo ya que los sistemas de compliance son una realidad y uno de los puntos esenciales de los mismos son la figura de los denunciates y los canales de denuncia. Es más, podría considerarse que los «chivatos» (como se traduce literalmente whistleblower a nuestro idioma) son esenciales para que las organizaciones conozcan qué está realmente ocurriendo en su seno.
La Directiva empodera a éstos y les protege de las represalias que pudieran sufrir por denunciar hechos ilícitos, tales como el despido, la degradación u otras formas de castigo menos «oficiales» pero igualmente preocupantes.Esta protección se extenderá también a los ayudantes y familiares de de los denunciantes.
De acuerdo con la nueva Directiva, los Estados miembros deben garantizar que los denunciantes tengan acceso a información y asesoramiento completo, independiente y gratuito sobre los procedimientos y recursos disponibles, así como a asistencia jurídica durante los procedimientos.
Los siguientes pasos conllevan que la Directiva sea publicada en el DOUE y entre en vigor de conformidad con el plazo que ella indique. Luego la aplicabilidad de ésta quedará pendiente de su transposición al derecho interno. Veremos si en España esto se realiza mediante una ley ad hoc.
En la actualidad, no todos los países de la UE protegen a los denunciates (sólo Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia y Reino Unido ofrecen una protección jurídica completa).
Más información sobre la Directiva, aquí.